1. El Arbitraje

El Arbitraje es la otra vía para obtener justicia, además de la vía ordinaria. Ambas jurisdicciones coexisten con plena capacidad operativa, no sólo dentro del ordenamiento jurídico español sino en la práctica totalidad de países con democracias consolidadas.

En nuestro país ha sido objeto de varias leyes, la más reciente y en vigor es la Ley 60/2003 de 23 de diciembre, de Arbitraje, que le da un nuevo impulso como vía eficaz, mucho más rápida y menos costosa de obtener justicia firme, a la vez que se potencia como solución para descargar de trabajo a los juzgados, siguiendo la Recomendación 12/86 de Comité de Ministros del Consejo de Europa.

La ley regula el arbitraje institucional facultando para administrar justicia a corporaciones de Derecho público y a otras entidades como garantía de que no va a existir lucro, ni otros intereses que condicionen su labor. Es en este marco donde se encuadra esta institución que ha sido y es, hoy por hoy, referente institucional.

Dentro de la jurisdicción arbitral, existe el arbitraje institucional y el privado. El institucional, puede ser generalista o especializado y, a su vez, sistematizado o no:
La Corte de Arbitraje administra justicia mediante sistemas arbitrales especializados en problemas concretos, que garantizan al ciudadano la uniformidad, homogeneidad e imparcialidad de todos sus procesos. Los sistemas arbitrales son la plasmación real y efectiva de la ley, puesta en práctica a través de éstos con sus documentos legales y procesos específicos, que son los que dan la solución a cada problema para el que están destinados.

La justicia arbitral de la Corte se desarrolla íntegramente por escrito, a través de pruebas documentadas, sin que haga falta ni la presencia de las partes ni, mucho menos, su representación a través de ningún profesional jurídico (abogado o procurador). Ello redunda, como es lógico, en el ahorro de costes y de tiempo.

Por último, y en cuanto a la obligatoriedad del cumplimiento de sus resoluciones (laudos o sentencias arbitrales) y, por tanto, su eficacia, destacamos lo que la propia Ley de Arbitraje establece al respecto: “El laudo firme produce efectos de cosa juzgada y frente a él sólo cabrá solicitar la revisión conforme a lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil para las sentencias firmes”. Es decir, que la sentencia arbitral equivale a todos los efectos a una sentencia judicial firme.

En definitiva, el Arbitraje es una jurisdicción con la que se obtiene la misma eficacia jurídica que en un tribunal ordinario, pero con mucha más eficacia practica ya que sobre todo, supone un importante ahorro de tiempo y dinero.



A los efectos de poder expresar de forma más gráfica las ventajas de la justicia arbitral frente a la vía judicial ordinaria, hemos tomado como modelo comparativo un caso tipo de Arrendamientos. Los valores y cuantías expresados tienen un valor estimativo.





2. Qué es la Corte de Arbitraje

La Corte de Arbitraje Económico de Derecho y Equidad es una institución arbitral conforme a la Ley 60/2003, que administra justicia mediante la celebración de juicios y emisión de la sentencia correspondiente, operando como juzgado de la jurisdicción arbitral en todo el territorio nacional.

La Corte es la institución arbitral que administra justicia en España mediante arbitraje institucional altamente especializado y sistematizado, gracias a su continua y fructífera inversión en I+D+I, desde sus inicios en el año 1999. Fruto de esta ardua tarea cuenta como autora y propietaria con numerosos modelos y registros protegidos por el derecho de propiedad intelectual.

Asimismo, también es la primera que ofrece una memoria técnica y otras publicaciones, con decenas de dictámenes jurídicos muy útiles técnicamente para los profesionales. Cada dictamen jurídico da luz y versa sobre una cuestión concreta, y expone lo que establece la doctrina, la legislación, la jurisprudencia de los tribunales y la conclusión de los Servicios Jurídicos de la Corte.

El ámbito competencial de la Corte de Arbitraje es muy amplio respecto a la gran mayoría de instituciones arbitrales, ya que tiene potestad para dirimir justicia no sólo entre particulares y una empresa, sino también en aquellos otros casos en los que cualquier administración pública sea parte.


3. La actividad que desarrolla La Corte

Esta institución administra justicia mediante sistemas arbitrales especializados, creados específicamente para solucionar los principales conflictos de tipo socioeconómico a particulares, empresas e instituciones.


4. Misión

Su misión fundamental es dar soluciones eficaces con justicia a los principales problemas socioeconómicos.


5. Objetivos

Aportar un nuevo valor a la administración de justicia y descargar de trabajo a juzgados y tribunales dando el mejor servicio en administración de justicia, y siendo la instancia más utilizada en cada uno de los problemas específicos que soluciona como especialista.


6. Valores

Los valores que rigen la labor de esta institución y que son los principios de toda su actividad, como mejor respuesta a lo que mayoritariamente ha demandado nuestra sociedad son:

1- Administrar una justicia rápida.

2- Hacer una justicia económicamente accesible a todos.

3- Realizar una justicia sencilla de comprender y de utilizar para todos.

4- Administrar una justicia simplificada en trámites.

5- Realizar una justicia altamente especializada, para cada tipo de conflicto.

6- Ofrecer una justicia que de una solución completa a las controversias.

7- Garantizar la imparcialidad e igualdad en todos los procesos.

8- Asegurar la independencia en la gestión, dentro del control público de la institución.

9- Ofrecer una alta profesionalización y especialización de toda la organización.

10- Tener conciencia y responsabilidad social en todos los niveles de actividad.

11- Mantener la permanente vocación de servicio público.

12- Aportar continuas mejoras y soluciones positivas a la Administración de Justicia.

13- Aportar valores nuevos a la Administración de Justicia.

14- Atender rápidamente los problemas que tengan más demanda socioeconómica, dentro de su ámbito de jurisdicción.


7. Aportación de nuevo valor a la Administración de Justicia

La Corte de Arbitraje aporta a nuestra sociedad una autentica modernización de la Administración de Justicia, como evolución lógica motivada por las demandas de la misma, acercándola al ciudadano y eliminando los inconvenientes innecesarios de todos los ámbitos en los que presta sus servicios.
Esta aportación se traslada directamente al servicio que percibe el ciudadano, concretada en:

- Rapidez en la resolución del problema.
- Abaratamiento del coste para obtener justicia.
- Simplificación de todos los trámites.
- Simplificación del lenguaje, haciéndolo compresible para todos.
- Cercanía al ciudadano mediante atención e información directa y detallada a cualquiera de las partes que lo solicita.
- Alta especialización de los problemas concretos.


8. Qué conflictos soluciona la Corte

El alto grado de especialización de esta institución es uno de sus principales pilares. Esta alta sensibilidad hacia la especialización, una vocación ya presente desde sus inicios en 1999, ha fructificado en cinco sistemas arbitrales específicos para conflictos en las siguientes áreas, que ya están operando:

- Arrendamientos
- Garantía inmobiliaria
- Comunidades de propietarios
- Servicios profesionales


No obstante, la Corte ya esta trabajando en otros ocho nuevos sistemas arbitrales especializados en las áreas de comercio electrónico, distribución mayorista, entidades financieras, riesgos comerciales, seguros, entre otras, que previsiblemente verán la luz a lo largo de los próximos dos años (2006-07).

Estos sistemas arbitrales se propusieron para su desarrollo a petición de colectivos profesionales relacionados con dichas actividades económicas, por lo que se trata pues de soluciones legales que ya tienen demanda en la calle y para los que se preveen de antemano una muy buena acogida.


9. Cómo se utiliza

Para su utilización, simplemente hay que adquirir el documento legal correspondiente a la actividad concreta y utilizarlo según las instrucciones.


10. Cómo funciona


Si hay que presentar una reclamación, funciona de manera muy sencilla, ágil y sin intermediarios, puesto que se realiza íntegramente por escrito sin tener que personarse, enviando el impreso de reclamación y las pruebas escritas de lo que se alega. Una vez recibida, la reclamación se tramita y en un período de un mes aproximadamente (dependiendo del sistema arbitral); a la vista de las pruebas y alegaciones de las partes, se emite la resolución por el árbitro asignado.

En la mayoría de sistemas arbitrales, la naturaleza de los mismos permite un acuerdo de ambas partes durante un período de diez días de conciliación, antes de que se inicie el procedimiento.


11. Los árbitros: Cualificación profesional, requisitos y funciones.

La vigente Ley 60/2003 de Arbitraje establece lo siguiente: “Pueden ser árbitros las personas naturales que se hallen en el pleno ejercicio de sus derechos civiles, siempre que no se lo impida la legislación a la que puedan estar sometidos en el ejercicio de su profesión”.

La Corte añade la alta profesionalización y especialización de árbitros que, de esta forma, no sólo deben reunir los requisitos estrictamente legales, sino que se les exige también que prueben su solvencia a nivel personal y profesional, así como licitar profesionalmente a la plaza correspondiente tras haber obtenido el título que les capacita.

La funciones básicas del árbitro son instruir el procedimiento observando que se haga dentro de la ley y los principios que la rigen, comprobar la validez y pertinencia de las pruebas presentadas, y emitir el fallo a la vista de las pruebas documentadas sobre la cuestión que se ha sometido a su decisión en la correspondiente sentencia arbitral.

Los sistemas arbitrales por su propia regulación (siempre con pruebas documentas) garantizan la imparcialidad y puesto que el árbitro no sólo ha de ser imparcial sino que debe mantenerse así durante el procedimiento, el sistema protege su identidad manteniendo su confidencialidad, salvo para las partes del procedimiento que son las que deben conocerle.